El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) juzga este miércoles desde las 10.15 horas a la consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, por presunta desobediencia en la organización y la celebración del referéndum del 1-O en 2017. Antes de entrar en la sede del TSJC, Serret ha afirmado que comparece ante el juez "con el máximo de serenidad, la conciencia muy tranquila, y la clara voluntad de confrontar con quién está reprimiendo el movimiento independentista y articulando la estrategia para criminalizar un proyecto muy legítimo de república catalana".
Arropada por la plana mayor de ERC, incluidos Pere Aragonès y Oriol Junqueras, Serret ha llegado este miércoles a las puertas del TSJC. Se enfrenta a una petición de condena de un año de inhabilitación, algo que ella misma ha declarado que contempla "absolutamente" que puede ocurrir, y la Fiscalía también pide imponerle una multa de 12.000 euros. El juicio quedará visto para sentencia supuestamente este mismo miércoles.
Desde enero de 2016 y durante los meses previos al referéndum, Serret encabezaba el departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, desde donde la Fiscalía cree que intervino para garantizar la votación.
Tras el 1-O, Serret se fue a vivir a Bélgica como hicieron otros consellers del Govern que presidía Carles Puigdemont. Regresó a España el 11 de marzo de 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, que la había procesado por los delitos de malversación y desobediencia, igual que a los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, quienes tuvieron un papel similar en el 1-O y acabaron condenados solo por desobediencia.En marzo de 2022, ella se personó en el Supremo ante el juez Pablo Llarena.
El instructor del 1-O acordó enviar la causa sobre Serret al TSJC, lo que ha desembocado en el juicio del miércoles.
Acusación
Entre los actos que le atribuye la Fiscalía al acusarla de colaborar en los preparativos del 1-O, expone que Serret estaba entre los consellers que acompañaron a Puigdemont y al entonces vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, cuando el 9 de junio de 2017 presentaron la pregunta que se haría en el referéndum.
El escrito de acusación de la fiscal también relata que el 6 de septiembre de 2017, tras aprobarse en el Parlament la celebración del referéndum, "la totalidad de los integrantes del Govern --presidente, vicepresidente y 12 consellers--, desatendiendo nuevamente los requerimientos del Tribunal Constitucional y con pleno conocimiento de la ilegalidad de la iniciativa, firmaron el decreto de convocatoria del referéndum".
"La acusada conocía perfectamente la ilegalidad de las decisiones que se estaban tomando, que las mismas ignoraban por completo los mandatos del Tribunal Constitucional, y que se estaban destinando fondos públicos a unos fines manifiestamente delictivos", añade la fiscal en el escrito de acusación.
Serret evita polemizar con Ponsatí
La consellera ha afirmado que tiene el "firme convencimiento que se está ante un conflicto político", de raíces democráticas. "La solución no será nunca en los juzgados", ha sentenciado.
En este sentido, Serret ha afirmado que la resolución del conflicto "será siempre política y a través de la política, la negociación y soluciones democráticas", y por eso ha explicado que continúa defendiendo "la amnistía y el derecho a la autodeterminación con un referéndum que pueda reconocer esta soberanía de la ciudadanía de Cataluña".
La consellera se ha querido mostrar también convencida de que lo que hizo en el Govern que organizó el 1-O no tiene ninguna consecuencia penal. "Responder y actuar para dar respuesta en un mandato democrático, y organizar un referéndum no es ningún delito; al contrario", ha dicho.
Este martes, tras regresar por sorpresa a Barcelona y minutos antes de ser detenida por los Mossos d'Esquadra, la exconsellera y eurodiputada de JxCat, Clara Ponsatí, ofreció una rueda de prensa en la que cargó contra Serret por haberse puesto a disposición del Supremo y dificultar la estrategia de confrontación.
Antes de entrar en la sede del TSJC, Serret ha evitado entrar al choque con Ponsatí y ha asegurado sentirse "muy contenta y muy feliz" por el hecho de que la eurodiputada de Junts "haya podido volver" a Cataluña.
"Respeto plenamente las estrategias de defensa de cada uno de los represaliados y represaliadas. Siempre actuaremos con una actitud de solidaridad plena. Estamos confrontando con un mismo Estado represor, una misma voluntad de criminalizar al independentismo", ha razonado.
Eso sí, Serret se ha mostrado "totalmente convencida de la estrategia jurídica" que le permitió volver a España y también está "convencida de la estrategia política" que defiende ERC "para que un conflicto que es político y con raíces democráticas encuentre las soluciones en la negociación, en la política y en soluciones netamente democráticas".
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